Los administradores y directivos de las empresas están sometidos a una legislación cada vez más exigente y con nuevas responsabilidades que atender. Por ello, cada decisión tomada puede ser motivo de conflicto frente a clientes, empleados, socios, proveedores y organismos sobre los que deberemos responder, tal y como establece la ley, incluso con el propio patrimonio personal.
En situaciones complejas, de incertidumbre y de constantes cambios como el actual, la protección del patrimonio personal, se convierte en imprescindible para gran parte de altos cargos de las empresas.
